Medidas antidiscriminatorias en la ley de extranjería

En la ley de extranjería se establecen una serie de medidas antidiscriminatorias para luchar contra las injusticias que existen en este sentido en España.

Para explicar las medidas antidiscriminatorias, hay que comenzar explicando qué se considera discriminación, y esto nos lo facilita la ley:

Es discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

En Sánchez Bermejo Abogados contamos con especialistas en esta materia que te ayudarán siempre que alguna persona se encuentre ante actos discriminatorios. Consúltanos.

En este artículo encontrarás..

Elementos para que se de la discriminación
Actos de discriminación tipificados en la ley
Procedimiento sumario

Medidas antidiscriminatorias en la ley de extranjería

Elementos para que se de la discriminación

medidas antidiscriminatoriasPor lo explicado anteriormente, encontramos que los elementos esenciales para que se de la discriminación son:

  • Puede ser un acto ejecutado directa, o indirectamente.

  • Este acto debe conllevar una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero.

  • El acto debe realizarse por razón de la raza, color, ascendenria, origen nacional o étnico, convicciones o prácticas religiosas.

  • El fin de este acto debe ser destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

Actos de discriminación tipificados en la ley

De igual manera, existen una serie de actos que la ley denomina directamente como actos de discriminación:

  • Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

  • Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

  • Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la ley de extranjería, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

  • Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

  • Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Procedimiento sumario

Por último, como medidas antidiscriminatorias, la ley señala que la tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el procedimiento previsto en la constitución en su artículo 53.2 que dice:

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos (..) ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.”

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